El citado dictamen alude al contrato que en el año 2009 el gobierno socialista, con su alcalde al frente, firmó con una empresa privada para el aprovechamiento de 2.000 hectáreas en el monte público de Valverde.
El conflicto surge cuando ya el gobierno popular, a partir de un informe de los servicios técnicos municipales, interpreta que la madera existente antes del contrato es propiedad municipal.
Por tanto según destacan los populares dicha sentencia viene a dar la razón a la tesis que siempre ellos han defendido, sacando así la cara por el interés de los valverdeños.
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